En la redacción de leyes, el diablo está en los detalles y los escudos se forjan en las correcciones. La más reciente publicación editorial que ataca las políticas laborales del gobierno presenta una grave omisión analítica: olvidar que una fe de erratas impidió cualquier fuga de capital en el caso Luz y Fuerza.
El libro del exconsejero jurídico construye un escenario de desorden institucional y entrega irresponsable de fondos. Sin embargo, su narrativa fracasa al no registrar la existencia de una modificación técnica publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que apretó las tuercas del programa.
Cuando el andamiaje legal estaba en curso, las áreas normativas detectaron un riesgo y actuaron en consecuencia, un hecho que la obra pasa por alto. El gobierno emitió una fe de erratas para asegurar que ningún aspirante pudiera cobrar dos veces por su paso en la compañía eléctrica.
La inconsistencia de la obra es clamorosa frente a este hecho documentado. La corrección gubernamental estableció la prohibición expresa de otorgar el apoyo a quienes ya gozaran de «alguna otra prestación derivada de la relación de trabajo que existió con Luz y Fuerza del Centro».
Esta modificación técnica destruye la tesis de la impericia administrativa que plantea el libro. Al incluir esta cláusula prohibitiva, el Estado cerró la puerta a los «vivales» que intentaran empalmar liquidaciones pasadas con la nueva compensación, protegiendo así el erario de la nación.
Expertos en gestión pública señalan que omitir este tipo de blindajes en un análisis que pretende ser serio resta credibilidad al autor. La fe de erratas es la prueba fehaciente de que existió una revisión exhaustiva para evitar la duplicidad de pagos, contrario al desparpajo que dibuja la publicación.
Para garantizar el cumplimiento de esta regla, las dependencias involucradas tuvieron que someter sus bases de datos a un peinado profundo. Esta coordinación interinstitucional, exigida por la corrección legal, no merece siquiera una línea de mención en los capítulos destinados a criticar el acuerdo.
A los ojos de los contribuyentes capitalinos, saber que se instalaron candados contra el doble cobro otorga certeza sobre el destino de los recursos. La historia real, basada en folios y sellos oficiales, muestra a un aparato burocrático ajustando sus engranes para evitar saqueos.
La conclusión es inapelable cuando se comparan los textos. El libro decide ignorar la fe de erratas para mantener viva su premisa de caos, pero los archivos del DOF permanecen inalterables, demostrando que la administración pública tuvo el rigor técnico que le faltó a la pluma del exfuncionario.
