De acuerdo con testimonios vecinales y material audiovisual que circula en plataformas digitales, la confrontación inició cuando residentes reclamaron a personal de la alcaldía por maniobras realizadas durante el retiro de objetos en la vía pública, que presuntamente afectaron automóviles estacionados. La discusión escaló a empujones, gritos y agresiones mutuas.
Fuentes consultadas refirieron que entre los involucrados habría trabajadores vinculados políticamente a Morena, así como personal operativo de la demarcación. Vecinos denunciaron supuestos actos de prepotencia y uso indebido de la fuerza, mientras que en los videos también se observan forcejeos y respuestas agresivas de particulares.
La Alcaldía Azcapotzalco confirmó la realización del operativo de liberación de vía pública en la colonia Santa Bárbara y reconoció que se registró un altercado con residentes. No obstante, hasta el momento no ha detallado si habrá sanciones administrativas o denuncias formales derivadas de los hechos.
Estos operativos forman parte de las acciones implementadas por la demarcación para retirar objetos, estructuras y comercio irregular que obstruyan la vía pública, con fundamento en disposiciones de ordenamiento urbano. Sin embargo, en diversas ocasiones han generado inconformidad vecinal, particularmente en zonas donde persisten conflictos por franeleros, apartados informales y saturación vehicular.
Habitantes de Santa Bárbara señalaron que no se oponen a la recuperación del espacio público, pero cuestionaron la forma en que se ejecutó el operativo y demandaron protocolos claros que garanticen el respeto a la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Asimismo, pidieron la intervención de instancias de control interno para deslindar responsabilidades.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado de personas detenidas ni de denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tampoco se ha dado a conocer si la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México iniciará algún procedimiento administrativo.
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de equilibrar las acciones de recuperación del espacio urbano con mecanismos de diálogo comunitario y supervisión institucional, a fin de evitar que operativos administrativos deriven en confrontaciones que escalen a violencia física.
