El Congreso de la Ciudad de México avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica que fortalecen la definición, sanción y persecución de delitos como abuso sexual, acoso y violencia familiar, con el objetivo de cerrar brechas de impunidad y ampliar la protección a mujeres y víctimas en contextos de pareja y familia.
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