En una votación realizada el 14 de diciembre de 2025, el dictamen fue aprobado con 45 votos a favor, luego de que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaran el pleno en protesta. Legisladores opositores acusaron que el proceso se condujo “a modo” y sin condiciones de deliberación plena, al tiempo que rechazaron el Presupuesto de Egresos 2026.
Previo a la votación, se registró una trifulca en el salón de sesiones cuando diputadas del PAN, entre ellas Daniela Álvarez, tomaron la tribuna para manifestar su rechazo a la reforma. En el intercambio, la legisladora de Morena Yuriri Ayala protagonizó una agresión física, con jaloneos y golpes, lo que derivó en atención médica para una diputada opositora, según reportes oficiales del Congreso local.
La reforma constitucional aprobada modifica diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México —entre ellos el 7, 46, 49 y 63— para transferir las funciones del INFO-CDMX a la Secretaría de la Contraloría. El nuevo esquema contempla un órgano garante con un solo comisionado, en lugar de los tres que integraban el instituto autónomo.
Desde la oposición, PAN, PRI y MC denunciaron que una reserva presentada de último momento por Morena reduce los contrapesos institucionales y “estrangula la transparencia”, al concentrar la vigilancia del acceso a la información en una dependencia del Ejecutivo local. Afirmaron que el cambio limita el derecho ciudadano a conocer y proteger datos personales.
Por su parte, legisladores de Morena defendieron la reforma al señalar que busca una reingeniería administrativa para evitar duplicidades y fortalecer la rendición de cuentas desde el Ejecutivo, bajo un esquema de austeridad y eficiencia. Argumentaron que el acceso a la información se mantiene garantizado conforme a la ley.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que la pérdida de autonomía del órgano garante podría vulnerar estándares constitucionales y tratados internacionales en materia de transparencia y protección de datos personales. La oposición adelantó que analizará rutas legales para impugnar la reforma.
La discusión ocurre en un contexto nacional de reconfiguración de organismos autónomos, lo que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y salvaguarda de derechos fundamentales. El decreto aprobado será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su entrada en vigor, conforme a los plazos legales.
