Un colectivo ciudadano solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el expediente que involucra a Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por su presunta participación en irregularidades durante el proceso de concesión de penales federales, cuando la dependencia estaba a cargo de Genaro García Luna.
A pesar de que una resolución judicial determinó el cierre del caso para 16 ex servidores públicos debido a la prescripción de los delitos, los promoventes insisten en que las acciones legales contra García Luna siguen activas. En ese sentido, exigen que se investigue la responsabilidad de Montaño Fernández en contratos que generaron un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos, además de su posible cercanía con la red criminal atribuida al ex secretario, hoy condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La denuncia señala que entre 2010 y 2011, bajo el mando de García Luna, se adjudicaron contratos a compañías como GIA, Arendal, ICA, Prodemex, Tradeco y Homex por casi 270 mil millones de pesos. Dichos convenios permitieron la construcción y operación de ocho centros penitenciarios de alta seguridad con capacidad para albergar a 20 mil personas privadas de la libertad.
Entre los nombres implicados figuran, además de Montaño, Arturo Sosa Viderique, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Miguel Vital Hernández, Alma Delia Sánchez Ocampo, Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López. Todos ellos, en distintos periodos, desempeñaron cargos en áreas clave de administración y adquisiciones del sistema penitenciario.
Los denunciantes también hacen referencia a 76 convenios modificatorios firmados en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en los que otros ex funcionarios habrían intervenido para mantener activos los contratos originales.
Funcionarios como el general Sergio Alberto Martínez Castuera, el general Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra ya quedaron exentos de responsabilidad tras resoluciones definitivas. Lo mismo ocurrió con Paulo Uribe Arriaga, Óscar Moreno Villatoro, Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
El grupo ciudadano solicita a la FGR que examine si aún hay condiciones legales para proceder contra Montaño Fernández y otros involucrados, con el fin de evitar que el caso se archive de forma definitiva y se garantice que no haya impunidad en actos que impactaron las finanzas públicas. Hasta ahora, la dependencia federal no ha hecho pública su postura respecto a esta petición.
