Ciudad de México, 4 de febrero de 2026. Con el objetivo de evitar el abandono y la obsolescencia de las cámaras de videovigilancia adquiridas con recursos del presupuesto participativo, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de las Alcaldías, que busca establecer de manera explícita la obligación de las demarcaciones de garantizar su mantenimiento y operación permanente.
La propuesta fue presentada por la diputada Lizzette Salgado Viramontes, del Partido Acción Nacional (PAN), durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 21 de enero. La iniciativa plantea la adición de la fracción III Bis al artículo 61 de la citada ley, con la finalidad de que las 16 alcaldías lleven un registro formal y asuman la responsabilidad continua de esta infraestructura de seguridad.
Desde la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, la legisladora señaló que, una vez concluido el periodo de garantía otorgado por las empresas instaladoras, muchas cámaras dejan de funcionar por falta de mantenimiento, lo que deriva en desperdicio de recursos públicos y pérdida de confianza ciudadana. La reforma, explicó, busca prevenir esta situación y asegurar la funcionalidad de los equipos a largo plazo.
Salgado Viramontes subrayó que las cámaras de videovigilancia financiadas mediante presupuesto participativo cumplen un papel relevante en la prevención del delito y en la generación de entornos más seguros para habitantes y visitantes de la capital. Por ello, consideró indispensable que las alcaldías asuman una responsabilidad permanente sobre estos sistemas.
La diputada argumentó que la iniciativa otorgaría certeza jurídica respecto a las obligaciones de las alcaldías, protegería la inversión realizada por la ciudadanía y fortalecería la coordinación y planeación en materia de seguridad a nivel local. Asimismo, afirmó que se trata de conservar y hacer funcional infraestructura existente, sin implicar la adquisición de nuevos equipos ni un incremento presupuestal.
De acuerdo con la legisladora, en la Ciudad de México residen más de nueve millones de personas, a las que se suman diariamente más de 2.3 millones que trabajan o transitan por la metrópoli, lo que convierte a la videovigilancia en una herramienta estratégica para la seguridad pública.
Salgado Viramontes también destacó que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta actualmente con más de 83 mil cámaras de videovigilancia y tiene como meta alcanzar las 150 mil al cierre de la actual administración, con un presupuesto que en 2025 superó los 2 mil 200 millones de pesos, según datos oficiales.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para su análisis y eventual dictamen, informó el Congreso de la Ciudad de México.
