El Instituto Nacional Electoral (INE) podría tomar las riendas de la elección judicial en Jalisco si el gobierno y el Congreso estatal continúan en rebeldía. Tras expirar el plazo constitucional hace un año, diputados federales de Morena exigieron este miércoles que la entidad cumpla con las reformas para elegir por voto popular a sus juzgadores.
Mediante un Punto de Acuerdo presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro este 18 de marzo de 2026, el diputado morenista Carlos Palacios Rodríguez lanzó un ultimátum a las autoridades jaliscienses. El exhorto busca destrabar un proceso que, según el decreto publicado en septiembre de 2024, debió concluir a más tardar en la primera quincena de marzo del año pasado.
La advertencia es clara y no deja lugar a medias tintas: si las fuerzas políticas locales siguen haciéndose de la vista gorda, la federación entrará a resolver el entuerto. Palacios Rodríguez explicó que el INE cuenta con la facultad supletoria para organizar los comicios del Poder Judicial en Jalisco utilizando la legislación federal vigente, relevando por completo al Poder Legislativo local rumbo a las elecciones de 2027.
El panorama en el occidente del país luce empantanado. A decir del representante popular, la negativa a armonizar la constitución estatal y las leyes secundarias no es obra de la casualidad o la inexperiencia. Jalisco figura hoy como uno de los contados estados que han decidido dar largas al mandato constitucional de someter a sus tribunales al escrutinio de las urnas.
En su intervención, el legislador no se guardó nada y repartió culpas señalando directamente a los partidos de oposición. Afirmó que Movimiento Ciudadano, en alianza tácita con el PAN y el PRI, mantienen al Congreso de la entidad secuestrado, impidiendo sistemáticamente que el dictamen siquiera logre ver la luz en el pleno.
La razón de esta cerrazón, apuntó el diputado, es el interés de echarle la mano a los grupos de poder que operan históricamente en la entidad. Para la bancada guinda en San Lázaro, la oposición jalisciense prefiere mantener el statu quo antes que permitir que la ciudadanía palomee a quienes impartirán justicia.
“Se busca que desde la Alta Tribuna se exhorte a cumplir con sus obligaciones constitucionales para legislar sobre esta materia que obliga a democratizar al Poder Judicial”, subrayó Palacios Rodríguez, dejando la víbora chillando en el recinto legislativo y trasladando toda la presión política a la capital tapatía.
Cabe recordar que los artículos transitorios de la histórica reforma constitucional otorgaron un margen de 180 días a las legislaturas de los 32 estados. Sin embargo, al cumplirse este límite el 15 de marzo de 2025, el reloj se convirtió en una bomba de tiempo legal que hoy exhibe a la administración estatal en una evidente falta.
A un año de las próximas elecciones intermedias, el margen de maniobra se agota de forma acelerada. Si el Congreso de Jalisco no se pone las pilas y saca adelante la armonización normativa, terminará siendo un mero espectador en uno de los comicios más trascendentales de la historia reciente de México.
