La sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados dejó ver que el Congreso ya se está acomodando para una discusión que puede cambiar las reglas de la democracia mexicana. Entre avisos formales y mensajes políticos, la presidenta de la Cámara explicó que este periodo arrancará con dos grandes conversaciones: una sobre la economía del país y otra, mucho más sensible, sobre la situación política y el futuro del sistema electoral.
En ese contexto, se anunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será llamada a comparecer el próximo 26 de enero, pero el foco estuvo en la reforma electoral. La diputada confirmó que se reunirá con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para contrastar las propuestas del instituto con el decálogo de principios electorales presentado desde San Lázaro. La idea, dijo, no es imponer una visión, sino encontrar coincidencias antes de que lleguen formalmente las iniciativas.
Y coincidencias hay. De entrada, tanto el INE como el Congreso coinciden en que no puede haber elecciones disparejas, donde unos compitan con todo el aparato del Estado y otros no. En términos simples: programas sociales y recursos públicos no deben usarse para influir en el voto. La cancha debe ser pareja para todos, sin presiones ni amenazas para la ciudadanía.
Otro punto clave es que cada voto cuente lo mismo. No importa si alguien vota por un partido grande o uno pequeño, el valor del sufragio debe ser idéntico. Para la presidenta de la Cámara, este es uno de los temas más delicados y más importantes, porque tocarlo mal podría abrir la puerta a desigualdades políticas que México ya vivió en el pasado.
También se puso sobre la mesa un tema que suele incomodar a muchos: la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. La advertencia fue directa: si hay dinero ilegal en una campaña, esa elección no debería valer. Permitir que los cárteles decidan candidaturas o financien campañas no solo distorsiona la competencia, sino que rompe el vínculo entre el gobierno y la gente.
Durante la sesión, la legisladora aprovechó para subrayar que el Congreso es quien tiene la última palabra en cualquier reforma. El INE puede opinar, el Ejecutivo puede proponer y los partidos pueden presentar iniciativas, pero será el Poder Legislativo el que defina las reglas. Por eso insistió en que el decálogo no tiene un sello partidista, sino que busca fijar mínimos democráticos antes de entrar al debate formal.
La conversación se tensó cuando se abordó la detención del rector de la Universidad de Campeche. Desde la tribuna se rechazó de forma categórica cualquier persecución política. Si existen delitos, deben probarse con investigaciones limpias y legales; si no, advirtió, el país corre el riesgo de parecerse a regímenes autoritarios donde pensar distinto se castiga.
Finalmente, se hizo un llamado a revisar con cuidado propuestas como juntar en una misma elección la revocación de mandato, los comicios judiciales y las elecciones constitucionales. Mezclar procesos de distinta naturaleza, se dijo, puede generar confusión y desconfianza en la ciudadanía. En política, concluyó, cuando se pierde claridad, no gana la democracia, sino los extremos.
