El Congreso de la Ciudad de México solicitó a las personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reforzar las estrategias institucionales para combatir el acoso escolar, considerado un problema grave que vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Durante la exposición del punto de acuerdo, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) advirtió que el fenómeno del bullying mantiene una alta concentración territorial, ya que el 74 por ciento de los casos se registran en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
La legisladora subrayó que el acoso escolar no sólo afecta el rendimiento académico, sino que genera consecuencias emocionales y sociales de largo plazo, por lo que consideró indispensable una intervención integral que involucre a autoridades educativas, familias y comunidades escolares.
En ese sentido, citó información de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual revela que siete de cada diez menores han sufrido acoso escolar; más del 40 por ciento se reconoce como víctima directa, 25.35 por ciento reporta haber recibido insultos y amenazas, y 17 por ciento afirma haber padecido violencia física.
Espinosa de los Monteros enfatizó que la omisión institucional y el silencio frente a estos casos agravan el problema, al tiempo que llamó a garantizar mecanismos eficaces de denuncia, atención psicológica y acompañamiento a las víctimas dentro del sistema educativo.
“Cada niña y cada niño es una vida que puede verse afectada de manera irreversible por la falta de atención oportuna”, expresó la diputada, al insistir en que la prevención debe ser una política pública prioritaria y permanente en la capital del país.
El exhorto legislativo busca que las dependencias involucradas refuercen campañas de sensibilización, capacitación docente y protocolos de actuación, con el objetivo de reducir la incidencia del acoso escolar y asegurar entornos educativos seguros y libres de violencia, en concordancia con los estándares de derechos humanos.
